La mayoría de los estatales que cobraban planes sociales figuran como empleados de la DGE

Casi 90 por ciento de los estatales mendocinos a quienes el Gobierno nacional les suspendió el cobro de planes sociales “Potenciar Trabajo” por supuestas irregularidades forma parte de la Dirección General de Escuelas.

El dato surgió en medio de la investigación que organismos oficiales locales llevan adelante hace semanas respecto de 96 supuestos empleados públicos que recibían a la vez el plan Potenciar.

El programa nacional creado durante la gestión de Alberto Fernández estaba destinado a personas en estado de “vulnerabilidad social” y su finalidad era ser una suerte de “puente al empleo”, en el que se cobraba un salario mensual (78.000 pesos) por una contraprestación. Por lo tanto, de ninguna manera podían cobrar esa suma quienes ya tuvieran “trabajo formal y registrado”.

El Gobierno provincial ha considerado que, si hubo estatales mendocinos que cometieron esta irregularidad, se trató de “casos aislados” en un universo mucho más amplio, de casi 100 mil empleados públicos.

Tampoco se hace cargo de estos casos. Insiste que la Provincia no entregaba los planes, sino la Nación, y que es también el Gobierno nacional el que tiene la información de altas y bajas en los programas para confirmar que hubo incompatibilidades.

Ante la novedad de que la mayoría de los estatales de Mendoza a quienes les suspendieron la ayuda nacional reporta a la DGE, desde el Poder Ejecutivo indicaron que esto puede haber ocurrido porque en esa área del Estado “es más dinámica la toma de personal”.

Mientras tanto, se espera un dictamen de la Oficina de Ética Pública que aclare la polémica. En ese órgano de control se están estudiando todos los casos y la semana que viene habría una resolución sobre las irregularidades que se cometieron con los planes sociales nacionales.

La trama

Las incompatibilidades en los planes Potenciar saltaron en varias provincias a partir de una investigación judicial que tuvo repercusiones en el Gobierno nacional.

La administración de Javier Milei no suprimió la ayuda social, pero sí se la ha quitado a quienes, según la Justicia, la tendrían de manera irregular.

En este contexto, el 2 de enero pasado, se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Capital Humano de la Nación a través de la cual 4.588 personas dejaban de recibir el plan Potenciar Trabajo en 14 provincias.

La medida se tomó luego de que la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, remitiera al Gobierno nacional oficios en los que se establecían nóminas de personas detectadas “en posible infracción de las normas vigentes” para acogerse al programa.

En el anexo de la resolución se dieron los nombres de todos los empleados públicos que recibían la ayuda social. Además de Mendoza, que no era la provincia que más estatales tenía, aparecían a lo largo de 419 páginas los nombres de empleados de Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

Esas nóminas surgieron de la información que las propias provincias habían aportado a la Ufises. En el caso de Mendoza, el Gobierno provincial había enviado al fiscal una nómina de 97.000 personas vinculadas con el Estado. En la fiscalía de Marijuán hicieron “match” en 96 casos, al comparar los padrones de empleados del Gobierno provincial y del Potenciar Trabajo.

Según aclaró en su momento a Los Andes Nicolás Egües, del área Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno provincial, la nómina enviada a la Justicia contenía los nombres de quienes tuvieran “cualquier tipo de vínculo con la Provincia, no solamente la planta de personal”.

Cuando saltó la suspensión de más de 4.500 planes sociales en todo el país, desde el Poder Ejecutivo provincial se remarcó también que los casos locales serían revisados “uno por uno” y se indicó que podían ser personas que ni siquiera cobraran un sueldo del Estado mendocino cuando recibían el plan nacional.

Interviene la Oficina de Ética

Por otro lado, que 96 personas figuraran en los listados del Gobierno provincial y los padrones del Potenciar Trabajo a la vez, no sólo provocó que dejaran de recibir el plan social, sino que además precipitó la intervención de un órgano de control: la Oficina de Ética Pública de la provincia.

Gabriel Balsells Miró, auditor general de este organismo, pidió a comienzos de enero “el listado oficial del Gobierno provincial” de quienes aparecían en los dos registros y advirtió que las irregularidades podrían generar sumarios contra los empleados en infracción.

Esas nóminas ingresaron a la Oficina de Ética la semana pasada y ya se encuentran bajo análisis de la Dirección de Investigaciones Administrativas, que está a cargo del abogado Sebastián Giordano.

Según pudo saber este diario de fuentes oficiales, la Dirección de Investigaciones Administrativas estaría en condiciones de emitir un dictamen la semana próxima. Eventualmente esta Dirección podría ordenar que las áreas implicadas inicien sumarios a las personas que cometieron una irregularidad.

El dato nuevo aportado por fuentes oficiales fue que la mayoría de los implicados forma parte de la DGE, aunque no está confirmado aún si se trata de docentes, no docentes o celadores.

Un punto clave será esclarecer en este ámbito si cobraban un sueldo al mismo tiempo que el plan social. “A lo mejor hay un docente suplente de la DGE que cobró el Potenciar mientras no daba clases”, sugirió en este sentido Egües cuando fue consultado por los planes.

“La Nación daba los planes”

En tanto, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, confirmó a Los Andes el envío a la Oficina de Ética Pública de la provincia de “la lista de empleados que presuntamente cobraron planes sociales, según la Nación”.

El funcionario ratificó el dato de que se trata de 96 personas, pero una vez más, no emitió ningún juicio sobre ellos: “la Nación tiene que definir la incompatibilidad”, advirtió.

“El alta, baja y la nómina de personas que tienen planes sociales las maneja Nación. Nos mandaron una lista, cruzamos los datos y surgieron estas 96 personas”, se limitó a informar Mema.

Hay que recordar que el Gobierno provincial se ha desligado desde el principio de cualquier tipo de irregularidad con los planes sociales “Potenciar”.

Ha consignado al respecto que la Provincia sólo anotó para recibir planes nacionales a 3.700 personas. Y que fue la Nación la que les dio esos beneficios, a ellos y muchos más.

En cambio, descargó sobre las organizaciones sociales la responsabilidad de responder por el grueso de los planes otorgados en Mendoza. Aportó en este sentido que las organizaciones sociales manejaron alrededor de 17.000 planes.

“La gran mayoría de estos planes fueron dados directamente por el Movimiento Evita, a manos de Emilio Pérsico, quien era secretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, afirmó el ministro Mema a este diario.

Según los últimos números oficiales a los que accedió Los Andes, del propio Ministerio de Desarrollo Social que conducía Victoria Tolosa Paz, en Mendoza había hasta hace unos meses 28.150 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo en total, de los cuales 2.004 estaban en revisión, porque no habían cumplido la “validación de identidad” que exigía el ministerio.