El Gobierno defendió las modificaciones mineras y el PJ se apresta a acompañar

El Gobierno provincial defendió este martes el proyecto de ley de reforma del Código de Procedimientos Mineros, con el cual pretende actualizarlo para sentar reglas “claras” en base a toda la ingeniería legal de la actividad, así como también las normas enfocadas al otorgamiento de permisos, protección ambiental, controles y regulaciones; mientras prepara también la presentación de otro proyecto con el que intentará enfocarse en la explotación en el mediano plazo de varios proyectos de cobre en el departamento de Malargüe.

La ministra de Energía, Jimena Latorre; el titular de Minería, Jerónimo Shantal; el director de Protección Ambiental, Leonardo Fernández; y la directora de Transición Energética, Nuria Ojeda, asistieron este martes por la mañana a la Legislatura, donde respondieron preguntas y dudas por parte de la oposición.

La mayoría de ellas estuvo centrada en la eliminación del Consejo Minero, y una mayor concentración de medidas a cargo del director de Minería. En el Gobierno, sostuvieron que “todas” las modificaciones están direccionadas a “dotar de mayores controles a todo el proceso minero” y evitar también la burocracia que hoy mantienen algunos organismos estatales dentro de al actividad.

De hecho, tal como marca el proyecto, la Dirección de Minería “actuará como la Autoridad Minera de primera instancia, con la misión central de planificar, ejecutar y administrar la gestión de los derechos mineros, así como supervisar los procedimientos de inscripción o concesión minera, dependiendo del mineral en cuestión”.

Desde la oposición, se resaltó la predisposición de la oposición, que si bien planteó reparos, habló sobre la necesidad de empezar a reimpulsar la actividad minera en la provincia, con controles estrictos a las empresas que pretendan extraer recursos.

“Reglas claras”

La Ministra, quien participó la semana pasada de la Feria Minera de Canadá, puso énfasis en el desafío de lograr “convertir los recursos que tenemos, como el cobre, en reservas. Es decir, explorar, dimensionar cuánto tenemos y poder atraer las inversiones que pretendemos”.

Respecto al Código, señaló que es el que marca “cómo es la regulación de la actividad” y destacó la “necesidad” de aggiornarlo a la actualidad, teniendo en cuenta que data de 1945.

“En esa época no existían estos parámetros de sostenibilidad ambiental, social ni económica, que hoy condicionan el desarrollo de la actividad para lograr el consenso y la confianza que necesitamos de los mendocinos, la comunidad internacional y hasta los inversores para poder realizar esta actividad productiva.”, comentó.

Para Latorre, la reforma trae “reglas claras que contemplan altos estándares de sostenibilidad, tanto ambiental como social, para generar esa licencia y para ganar la legitimación y la confianza en los controles, que va a hacer que podamos desarrollar una actividad minera con seguridad y sostenibilidad”.

Sobre la posición opositora, valoró el hecho que hayan realizado consultas e incluso observaciones para mejorar el texto de la ley. “No hay diferencias mayores. Creo que es muy factible llegar a acuerdos, a consensos que permitan que este proyecto salga con amplias mayorías”, dijo.

En tanto, de acuerdo a la eliminación del Consejo Minero, sostuvo que “no controla”, sino que “no hace más que certificar o ratificar un checklist de los requisitos que ya están establecidos en la legislación. Es decir, la concesión minera es legal, por lo tanto, el trabajo que se hace previamente y pos concesión, es el que tienen que hacer los técnicos”.

En este sentido, marcó que tener “en etapas” cada una de las fases de un proyecto minero, “nos permitirá ser más eficientes en los controles, obligaciones y sanciones en caso de incumplimiento”. Y agregó: “Cada una de estas etapas tienen su intervención de los organismos multisectoriales y también de la participación ciudadana”.

Y cargó contra el Consejo, al indicar que “la participación ciudadana no se ve reflejada, funciona una vez por semana y tiene un atraso administrativo enorme, que genera falta de agilidad en los procesos”.

En tanto, Shantal agregó a la postura de Latorre que “la autoridad minera no tiene que analizar ni deliberar absolutamente nada, sino que se fija quién fue el primero que presentó el pedido en la Dirección de Minería, porque acá cuenta en la prioridad”.

“Cumplidos los requisitos de la ley, la autoridad verifica si se cumplió eso y nada más. Y es prácticamente declarativo lo que hace”, marcó; y añadió que “ninguna provincia tiene el Consejo de Minería, solamente Mendoza. Y ya ha estado demostrado con el transcurso de los años que la funcionalidad que tiene el Consejo de Minería solamente es conceder, denegar y caducar derechos mineros, y no interviene en ninguna otra fase”.

Y agregó: “Casualmente es donde más demoras tenemos, con 705 expedientes en carpeta con un tiempo aproximado de otorgamiento de permisos de entre 10 a 15 años”.

A diferencia del Consejo actual, plantean “una autoridad minera que solamente haga lo que dicte la ley, que trabaje todos los días y que le dé agilidad a los procesos”.

Sobre la Policía Minera, señaló que se le dará entidad. “Tenemos que demostrar es que podemos controlar, porque genera credibilidad y por ende licencia social”, dijo Shantal, quien agregó sorbe la necesidad de “dotarlo” de recursos y personas formadas.

El PJ mira con buenos ojos pero plantea dudas

Quien habló desde el peronismo fue Gabriela Lizana, diputada rivadaviense, quien dijo que le parece un proyecto “interesante” y que “requiere de un tratamiento específico y que nos pongamos a estudiar profundamente cada una de las propuestas”.

Para la legisladora, más que objeciones, tienen “dudas” que han planteado, pero que entienden que se podrán resolver en comisiones.

“Nosotros defendemos el agua y la producción, pero consideramos también que la producción de cobre puede ser importante, sobre todo porque también es un elemento que se necesita para volcarlo hacia las energías renovables, que es donde debemos apuntar”, consideró.

No obstante, advirtió que “el problema es el extractivismo, cuando se retira materia prima sin un agregado de valor importante. Y la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿qué queda para nosotros?”, se preguntó.

“Yo soy una defensora en cualquier tipo de actividad, pero siempre que tenga impacto social, económico y ambiental”, planteó, y dijo que la situación de Mendoza “no es buena y se requieren inversiones pero no extractivistas. Porque lo peor que nos puede pasar es que los pocos recursos productivos que nos va quedando terminen siendo explotados sin que la sociedad tenga un beneficio concreto”, dijo.

Al margen de las declaraciones de Lizana, desde el peronismo hicieron hincapié en que el aval que ha hecho el intendente de Malargüe, Celso Jaque, a todo el impulso que pretende el Gobierno para el desarrollo minero, lo tendrían en cuenta a la hora de analizar y sentar posturas, por lo que se aguarda una defensa del Intendente a las reformas en esta actividad, y por ende, un acompañamiento también del PJ.

El Partido Verde entregó propuestas

Por otro lado, Emanuel Fugazzotto, diputado del Partido Verde, entregó al Gobierno Provincial una carpeta con una serie de modificaciones a la ley, que intentará de igual modo reformar en el debate legislativo.

Al respecto, el legislador señaló que dichas propuestas “se ajustaría a las demandas de un sector de la sociedad que entiende la preservación del ambiente como algo transversal a los tiempos que vivimos”.

Como uno de los puntos, planteó que el Consejo de Minería “debería seguir existiendo, con reformas, para garantizar la transparencia de los procedimientos”.

También propuso ciertas cuestiones vinculadas a la “responsabilidad social empresarial”, con la creación de un “fondo para la transición energética de Mendoza”.

“Lo que queremos es que realmente se garanticen las condiciones ambientales y el desarrollo de nuestra provincia. Son dos pilares que, lógicamente, también requieren de diálogo político y de la voluntad del Ejecutivo provincial de ceder en cuestiones que son importantes para el sector ambiental”, finalizó.